Desde el comienzo de la gestión del gobernador Hermes Binner algunos legisladores justicialistas hablan de un "crecimiento desmesurado" del gasto público por parte de la actual administración, así como también de los "cuantiosos recursos" que dejó "en caja" el gobierno anterior encabezado por Jorge Obeid. Sin embargo, el análisis es deliberadamente parcial y oculta la realidad.
Por Dr. Raúl Lamberto - Presidente del Bloque de Diputados del Frente Progresista.
Por caso, la diputada provincial Silvina Frana se refirió recientemente al saldo positivo de las cuentas públicas al 10 de diciembre de 2007. Sin embargo, nada dijo de las deudas generadas por las gestiones justicialistas y transferidas a las nuevas autoridades. Así es como asegura que para entonces "había en caja 1.600 millones de pesos" de los que, reconoce, sólo "450 eran de libre disponibilidad". Omite decir que el ex gobernador Obeid no había pagado el aguinaldo (300 millones de pesos), o que el Fondo Anticíclico formaba parte de aquel monto y que parte del mismo se utilizó para atender emergencias (como la sequía). La ex funcionaria de Obeid sabe que esa fotografía de la "caja" no es más que un dato del momento que nada dice. De hecho, al cierre del mes de setiembre de 2009, pese a la crisis, la cifra en "caja" es de 1.200 millones de pesos.
De eso no se habla. Dada la herencia recibida de la administración de Obeid, la situación fiscal de la provincia en 2007 ya hacía prever serias restricciones para los ejercicios futuros. Ejemplos:
1) Los acuerdos paritarios de abril de 2007 sinceraron la situación financiera de la provincia –comenzó a pagarse en blanco lo que durante años se pagó en negro–, transfiriendo el costo (900 millones de pesos) al ejercicio 2008, es decir, a la gestión
de Binner.
2) Este gobierno corrigió el retraso salarial existente a pesar de que el presupuesto formulado por Obeid para 2008 no preveía aumentos. Esto costó 2.400 millones de pesos para los años 2008 y 2009.
3) Se restableció la integridad de la masa coparticipable del Régimen Federal de Coparticipación de Impuestos a Municipios y Comunas, asumiendo la provincia las sumas detraídas por la ley de financiamiento educativo y la del régimen de coparticipación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, reducido unilateralmente por los gobiernos anteriores en un 10 por ciento. En el período 2008/2009 esto significó a la provincia un incremento del gasto de 190 millones de pesos.
4) Hubo que financiar Aguas Santafesinas SA y la Empresa Provincial de la Energía, sumando 420 millones en dos años.
5) Se adoptaron medidas de emergencia ante la alarmante situación de la educación, la salud pública y las fuerzas de seguridad, destinándose 51 millones de pesos para el arreglo de escuelas y otros 51 millones para equipamiento de la policía. Y se incorporaron en 2008, 2.000 agentes policiales y 450 agentes para el servicio penitenciario.
6) Hubo que afrontar los compromisos para obras contraídos por Obeid en el último mes de su gobierno por 575 millones de pesos de los cuáles sólo estaban presupuestados 260.
7) Hubo que afrontar parte del endeudamiento contraído para capitalizar el Banco Provincia de Santa Fe, que luego fue privatizado por Obeid. Dicha capitalización representó un gasto de 53 millones de pesos
en 2009.
8) Se pagó el préstamo del Banco Mundial, contraído en agosto de 2001 para llevar adelante una reforma del Estado, lo que importó en 2009 una erogación de 41 millones de pesos.
9) Hubo que afrontar la implementación de la educación secundaria obligatoria, decidida por Obeid, que no la implementó ni la presupuestó, lo cual significó 101 millones de pesos para el período 2008/2009.
En síntesis, hablar de "caja" sin mencionar los compromisos sobrevinientes es una verdad a medias, o directamente una falta a la verdad. Lo cierto es que la actual administración tuvo y tiene que hacer frente a esta situación heredada con un enorme costo fiscal, que supera los 5.000 millones de pesos.
Otra falacia. También se afirma que la provincia se apresta a cerrar 2009 con déficit luego de 20 años de superávit. Sin embargo, de los últimos diez años (gestiones de Carlos Reutemann y Jorge Obeid) cinco cerraron con déficit (97, 98, 01, 02, 07). En 2004, cuando la economía crecía a tasas asiáticas, se alcanzó un importante superávit (779,5 millones de pesos), lo que permitió enjugar los 211,4 millones de pesos de déficit acumulados en ejercicios anteriores y la constitución del Fondo Anticíclico. Pero ya en 2007, el resultado genuino del ejercicio arrojó un déficit de 160,88 millones de pesos, con lo que el "superávit" acumulado bajó a alrededor de 400 millones de pesos.
Vale decir, además, que ese resultado se logró merced a la rebaja de haberes y jubilaciones al personal público (13 por ciento), a la privatización de estratégicas empresas públicas como Aguas Provinciales y el Banco de Santa Fe, y al metódico desfinanciamiento de los gobiernos locales (a través de la firma de los pactos fiscales de la década del 90 y la disminución de transferencias a municipios y comunas, que ascendió a 465,14 millones de pesos a valores constantes en el período 2003-2007. Esas detracciones originaron reclamos contra el gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social, fundamentalmente de los propios intendentes del PJ, los mismos que no hicieron ningún reclamo contra el gobierno autor del despojo que
ahora denuncian.
A pagar créditos. En los últimos diez años de gobierno, las administraciones justicialistas debieron endeudarse en tres oportunidades para afrontar gastos corrientes, sin contar la emisión de bonos para pagar la catarata de juicios de jubilados por deudas previsionales. Sin embargo, los legisladores de esa fuerza nada dicen sobre los préstamos obtenidos para financiar gastos corrientes por más de 303 millones de dólares entre 1999 y 2001, que se están amortizando en
la actualidad.
A esto hay que sumar los dos tramos de endeudamiento tomados en los años 96 y 98 para poner en condiciones de privatización al Banco de Santa Fe. Es decir, que la provincia se endeudó para quedarse sin ningún instrumento financiero. Se trata de un préstamo por 163,7 millones de dólares con el Fondo Fiduciario, que todavía se está amortizando, y de 95 millones de dólares en Bonos Bosafe, cuyo marco regulatorio fue establecido el 26 de diciembre de 2006.
Crisis y responsabilidades. Las críticas no contemplan el contexto de la situación analizada, dado por una continua pérdida de autonomía fiscal por parte de la provincia (en 2000, el 41,47 por ciento de recursos eran propios y el 58,53 por ciento de origen nacional; en 2008, esa relación de 33,96 por ciento contra 66,04 por ciento) combinado con la marcada regresividad del sistema impositivo.
Tampoco se alude al conflicto agropecuario que aún subsiste, agravado por la sequía; ni a la crisis financiera internacional y su impacto recesivo en la economía.
Tampoco analizan los legisladores justicialistas su responsabilidad por haber impedido a la provincia de Santa Fe armonizar su situación fiscal con Córdoba y Buenos Aires.
Otra visión. Los reproches recibidos reflejan una visión política que esta administración no comparte. Resaltan cierta "solvencia" en términos macroeconómicos de los gobiernos anteriores, pero no mencionan la deuda social que dejaron 16 años de neoliberalismo en la provincia y que se han comenzado a saldar con muchas dificultades en la actualidad.
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