14 ene 2010

"El PJ pretende defender a municipios y comunas cuando los desfinanció durante años"

El secretario de Finanzas Públicas afirmó que los gobiernos locales recibirán unos 280 millones de pesos más durante 2010.


El secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, aseguró que los municipios y comunas “recibirán aproximadamente 280 millones de pesos adicionales en 2010 como producto de la reforma tributaria. Si esa suma implica dejarlos al borde de la quiebra, según dice la oposición, cómo calificar entonces la conducta de las administraciones justicialistas que les descontaron sumas millonarias entre 1994 y 2007”, preguntó.

Al respecto, Fernández indicó que “a partir de 1994, los sucesivos gobiernos se financiaron a expensas de los municipios y comunas, lo que explicó en buena medida los superávits provinciales. Ahora el PJ pretende erigirse en su defensor cuando los desfinanció sistemáticamente durante años, tal como los propios gobiernos locales lo reconocen”, recordó el funcionario, al tiempo que indicó que ese accionar originó 117 reclamos a la provincia por diferencias de coparticipación.

Según precisó, del total de los reclamos, 95 corresponden a municipios y comunas gobernados por el PJ, y de ellos, 90 fueron presentados en 2008, durante el primer año de gobierno de Hermes Binner.

“Es decir, los municipios y comunas gobernados por el justicialismo reclaman las sumas detraídas de su coparticipación durante 14 años por gobiernos del mismo signo, recién ahora que la administración está a cargo del Frente Progresista”, señaló.

LOS CAMBIOS QUE HIZO EL SENADO RECORTARON 157 MILLONES DE PESOS

Fernández negó que las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la ley de Presupuesto signifiquen un recorte en los recursos destinados a municipios y comunas.

“No hay diferencias entre el proyecto aprobado por el Senado y el presentado por Poder Ejecutivo en relación a los ingresos adicionales que municipios y comunas recibirán en concepto de impuesto Inmobiliario y Patente Automotor para 2010”, afirmó.

En cambio, señaló que las modificaciones introducidas por el justicialismo en la Cámara alta significaron una menor coparticipación para los gobiernos locales del orden de los 156,8 millones de pesos.

Al respecto, Fernández recordó que la Cámara alta “rechazó el incremento del impuesto sobre la Patente Automotor para el año 2009, lo cual significa que los municipios y comunas se perjudicarán en alrededor de 69 millones de pesos”.

Además, en relación al impuesto sobre los Ingresos Brutos, Fernández señaló que “a raíz de las modificaciones introducidas por el Senado, que se negó a gravar a sectores como la industria y la construcción”, los gobiernos locales “dejarán de percibir estimativamente otros 87,8 millones de pesos”.

En cuanto al veto de la moratoria aprobada por el Senado, sostuvo que el Poder Ejecutivo “decidió no avalar una herramienta de regularización impositiva que sólo beneficia a los incumplidores y castiga a quienes han mantenido y mantienen una correcta conducta fiscal”.

Según anunció el funcionario, el gobierno “modificará los planes de facilidades de pago existentes para poder ofrecer a los contribuyentes alternativas que no supongan condonación de intereses y multas, y que permitirán recaudar, una suma no menor a la que provendría de la moratoria propuesta por el PJ”.

Sobre el restablecimiento de los porcentajes de reparto original del Fondo Federal Solidario, Fernández insistió en que “sólo puede ser aplicado, tanto por la provincia como por los gobiernos locales, para inversión en determinadas obras de infraestructura y nunca para gastos de otro tipo. En ese marco, las obras no se realizan en otro ámbito territorial que el de los municipios y comunas. Sólo se trata de definir quién las hace”.

Por último, en relación al Fondo de Obras Menores, recordó que la posibilidad de aplicar el 50% del mismo para gasto corriente fue “una medida excepcional tomada en un contexto de crisis. No puede plantearse como un perjuicio a los municipios y comunas el hecho de que vuelva a aplicarse su totalidad a inversiones en equipamiento y obras de infraestructura, tal como lo estableció una ley del último gobierno justicialista”
13 de enero de 2010 (derf)

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