La Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad entregó, durante la presente gestión gubernamental, el Certificado Único de Discapacidad a 19 mil santafesinos.
De esta manera, sumando los existentes a 2007, totalizan 44 mil las personas con discapacidad que han accedido a los derechos que les corresponden.
El acceso a este indispensable documento y la eficientización de su entrega constituyó una de las acciones distintivas de las políticas hacia este sector de la sociedad.
Al respecto, la titular del organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, Silvia Tróccoli, indicó que “este documento permite acceder a las prestaciones básicas en materia de salud, educación y ayudas personales, contempladas en las leyes nacionales y provinciales, que garantizan el ejercicio de los derechos de las personas con esta condición, y establece las obligaciones del sector privado al respecto”.
La funcionaria provincial calificó como “histórico” el hecho de que el certificado de discapacidad se entregue el mismo día en que la persona es evaluada, ya que, en el momento, se extiende una documentación provisoria válida hasta que el certificado definitivo es remitido desde la órbita nacional.
La agilización del trámite de entrega de los certificados únicos también fue posible porque, en un año y medio, se incorporaron al sistema 14 equipos de evaluación más, que funcionan en Samcos, hospitales y otras reparticiones estatales. Santa Fe es la provincia que más juntas evaluadoras tiene (34) en comparación con el resto del país.
Tróccoli, precisó que “a los fines de obtener el certificado, lo primero es sacar un turno con toda la documentación médica del paciente para luego acceder a una entrevista con la junta que acredita que éste tenga una discapacidad específica”.
“Para llegar a esta instancia de evaluación –añadió Tróccoli– antes las personas con discapacidad debían esperar entre cuatro y seis meses. Ahora, los turnos se dan para 10 ó 20 días”, precisó.
Al explicar el desempeño de las juntas de evaluación –compuestas por un médico, un trabajador social y un psicólogo– la subsecretaria señaló que “son, a instancias de esta gestión, pioneras en la implementación de los nuevos métodos de acreditación que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), denominados «CIF» o Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Salud”.
“Los nuevos criterios –señaló– parten de una orientación que trasciende el concepto de enfermedad, centrándose en el de salud, y facilitan herramientas de clasificación que evitan las connotaciones negativas, peyorativas o discriminatorias, ligadas en el pasado al mundo de la discapacidad”.
Igualmente, Tróccoli destacó que “la CIF se centra en los aspectos de salud, y no de enfermedad, y puede ser aplicada a todo tipo de personas de forma universal, basándose más que nada en el valor de la inclusión, en el modelo universal de la discapacidad, rechazando la visión de que la misma sea un rasgo que defina sólo a un grupo minoritario y separado de personas”.
“Al adoptar la CIF –evaluó la funcionaria– la provincia se suscribió a una nueva visión de la salud más inclusiva, justa y humanista”.
Al avanzarse en la resolución de la demanda de certificados de discapacidad, el organismo comenzó a acercar a la gente la tramitación del certificado de Incapacidad Laborativa, exigido por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, para la tramitación de pensiones no contributivas, capacitándose a los profesionales médicos de los efectores de salud provincial a fin de que puedan realizarlo en todo la red hospitalaria.
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